Imagen de una concentración de protesta de trabajadores de Joca frente a la sede de la empresa. :: PAKOPÍ

111 millones de euros. Esa es la deuda que ha llevado a Joca a entrar en concurso de acreedores. Así lo asegura la propuesta anticipada de convenio que la empresa ha hecho llegar al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz.

Éste ha dictado sendos autos, con fecha de quince de febrero pasado, en el que se acepta el procedimiento concursal de Joca y de Saconsa, del mismo grupo, y se designa a la sociedad Insolvalia como administrador. Sin embargo, ambas empresas serán tramitadas a través de un solo expediente.

Joca admite tener una deuda de 111,7 millones de euros, de la que 24,3 es privilegiada. Este término se refiere al adeudo que se mantiene con Hacienda o la Seguridad Social, entre otros, y en términos generales su pago no puede ser perdonado.

Para el resto del dinero, 87,3 millones de la deuda ordinaria y de la subordinada, la empresa propone una quita del 25%; o lo que es lo mismo, que los acreedores le perdonen una cuarta parte del total. Se abonarían 65,5 millones de euros en un periodo de nueve años a partir de 2013

Además del concurso de acreedores, la empresa también ha presentado otra serie de medidas financieras para salir de su situación. Destaca por ejemplo el préstamo de 1,18 millones de euros que está negociando con el Fondo de Garantía salarial (Fogasa), dependiente del Estado, para pagar el expediente de regulación de empleo que actualmente está en marcha y que afecta a 93 personas de Joca (no se incluyen los despidos de Saconsa y otras empresas).

Los restantes 666.000 euros necesarios para sufragar el expediente saldrían de fondos propios de la empresa. Fuentes de Joca confirmaron ayer a este diario que no existe la intención de llevar a cabo un segundo ERE, como se comentó en ámbitos sindicales.

También se pretende negociar el aplazamiento de los 6,3 millones de euros que se deben a Hacienda y la Seguridad Social. Igualmente, se sopesa vender terrenos, locales y oficinas. En todo caso admite que la complicada situación del mercado inmobiliario hace pensar que venderán a un ritmo muy lento, por lo que en su contabilidad no ha previsto ingresar dinero por este concepto.

Otra manera de captar dinero extra que se contempla es la posibilidad de vender alguna filial, puesto que «actualmente, para el desarrollo de la actividad de Joca no es imprescindible ninguna de ellas».

Entre las medidas de carácter estrictamente económico, Joca tiene previsto cerrar aquellas delegaciones que menor actividad tengan. Asegura sin embargo que no perderán capacidad productiva ni presencia geográfica, ya que las que se mantengan darán cobertura a todo el territorio nacional.

Por el contrario, se pretende mantener su presencia internacional. Precisamente, uno de los mayores valores de la empresa, y lo que la hizo apetecible para el Grupo Puentes de Galicia antes de que se desestimara la fusión entre ambas, es que Joca ha realizado grandes esfuerzos para trabajar en nuevos mercados, especialmente Perú, Brasil, Portugal o el Este de Europa. «Teniendo en cuenta las negativas expectativas de la economía española se mantendrá la apuesta por estos países, algunos de ellos con importantes tasas de crecimiento», refleja el plan de viabilidad.

Igualmente, se pretende contratar obras con clientes de probada solvencia, ya que uno de los grandes problemas que tiene es el retraso en el cobro de distintos clientes, especialmente de los ayuntamientos.

En este escenario, el sindicato UGT mostró su preocupación ante la situación por la que atraviesa Joca. Miguel Ángel Rubio, secretario regional de su Federación de la Construcción, aseguró que están a la expectativa hasta conocer más detalles del estado de la empresa.

En todo caso, para los trabajadores que se acogieron al ERE existe un mínimo motivo de satisfacción. Según el presidente del comité de empresa, Francisco Fernández, en teoría estos despedidos podrían cobrar del Fogasa la indemnización que les corresponde en unos pocos días.