E. BARAJAS 22/02/2012

El Juzgado de lo Mercantil de Badajoz ha declarado en concurso de acreedores a Joca, el principal grupo constructor extremeño y una de las tres mayores empresas de la región junto a Alfonso Gallardo y Acorex. La compañía había solicitado el concurso con carácter voluntario a finales de enero, y este fue autorizado el pasado día 15 mediante un auto judicial, una vez confirmada su actual situación de insolvencia.
En la resolución, el juez establece la declaración de este procedimiento, por separado, para Joca Ingeniería y Construcciones y para otra empresa del grupo, Sistemas de Automatismo y Control SA (Saconsa), al tiempo que se nombra administrador concursal único a AC Insolvalia SL, con sede en Badajoz.
De acuerdo a la información que contiene el plan de viabilidad elaborado por Joca, su pasivo concursal asciende actualmente a 111,7 millones de euros. De ellos, 24,4 millones constituyen deuda privilegiada (cuyo cobro resulta preferente en caso de concurrencia de créditos y que incluiría, entre otra, la que se tiene con la Hacienda Pública y la Seguridad Social), mientras que el resto es o bien deuda ordinaria (83,6 millones) o bien subordinada (3,7 millones). Para estas dos últimas cantidades, la empresa extremeña propone una quita del 25%, de tal forma que se pasaría de un total de 87,3 millones a 65,5 millones, que serían abonados en un plazo máximo de nueve años.
De esta manera, el calendario de pago se extendería hasta el 2021, partiendo de la hipótesis de que la Propuesta Anticipada de Convenio (PAC) fuese aceptada en junio próximo. Habría un primer año de carencia, para luego ir pagando un 12% de la deuda cada periodo de doce meses, a excepción del último, en el que se liquidaría el 16% restante.
Dentro de las medidas financieras planteadas por Joca, también figuran la de pedir un aplazamiento de la deuda contraída con la Seguridad Social y la Hacienda Pública, y la de obtener liquidez a través de la venta de bienes inmobiliarios (terrenos, locales y oficinas), aunque sobre este último punto se admite que "la complicada situación del mercado inmobiliario hace prever que su realización será muy lenta". En esta misma línea, se contempla la posibilidad de desprenderse de filiales, al no considerarse ninguna de ellas "imprescindible" para el desarrollo de su actividad.

MEDIDAS ECONOMICAS En cuanto a las medidas económicas a desarrollar, el plan de viabilidad incluye el cierre de aquellas delegaciones con una menor actividad y la presentación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 93 trabajadores --recientemente se autorizó el despido por esta vía de 150 empleados de Joca y Saconsa--. Así mismo, se incide en la necesidad de llevar a cabo una política por la que solo se contraten obras con clientes que ofrezcan una capacidad de pago "contrastada" ya que, se argumenta, uno de los problemas que sufre la compañía viene dado por el retraso en el cobro de los clientes.
También se aboga por mantener la presencia internacional que la empresa ha conseguido ganar en los últimos años, especialmente en Perú, Brasil, Portugal y el este de Europa. "Teniendo en cuenta las negativas expectativas de la economía española, se mantendrá la apuesta por estos países, algunos de ellos con importantes tasas de crecimiento", se aduce.
Así las cosas, tras aceptarse la solicitud de concurso, las facultades de administración y disposición del patrimonio de Joca quedan en manos del administrador concursal, que ahora deberá determinar las posibilidades reales que tiene de seguir adelante esta compañía o si está abocada a la liquidación. "Me temo que la van a declarar insolvente", pronosticó ayer Francisco Fernández (MCA-UGT), presidente del comité de empresa de Joca.
Fernández argumentó sus dudas acerca de la viabilidad de la empresa en la escasa actividad que desarrolla actualmente, y en que el horizonte no deja mucho margen para confiar en que las cosas mejoren. En este sentido, resaltó que actualmente Joca desarrolla tres obras dentro de uniones temporales con otras empresas, pero que dos de estos proyectos acaban a mediados de año. "El resto de obras que tiene están prácticamente todas paralizadas y, en algunos casos, la empresa está pensando en desprenderse de ellas. Si a eso se le suma que este 2012 las administraciones ya han dicho por activa y por pasiva que no van a sacar nada a concurso, difícilmente se va a poder mantener una plantilla de más de cien trabajadores" (los que quedarían de aplicarse el expediente).

EXPEDIENTES RECIENTES A mediados de enero, la Dirección General de Trabajo autorizo los expedientes de regulación de empleo acordados por empresa y sindicatos para Joca Ingeniería y Construcciones (que suponía el despido de 110 empleados) y para Saconsa (otros 40). Francisco Fernández explicó ayer que en el primer caso todas las extinciones de contrato se materializaron en poco más de una semana, mientras que en el de Saconsa "faltan algunos por hacerse efectivos".
Lo que sí es común a ambas empresas, agregó, es que ninguno de los despedidos ha cobrado ni las indemnizaciones ni los finiquitos. Existía un principio de acuerdo con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para conceder un crédito que se destinaría a este fin, pero "al haberse aceptado el concurso", el proceso está paralizado. "En cuanto los administradores tengan nombres y apellidos queremos sentarnos a hablar con ellos para que acepten esta deuda", dijo Fernández, que añadió que también se pedirá el pago a los trabajadores que aún están en plantilla de lo que se les debe en conceptos como dietas o kilometrajes --las nóminas están al día.

Este diario intentó contactar ayer, sin éxito, con algún responsable de Joca.